El reciente proyecto legislativo aprobado en primera votación por el Congreso de la República ha encendido las alarmas en el sistema financiero nacional. Miembros del partido Acción Popular alzaron su voz de protesta contra la iniciativa impulsada por los congresistas Ilich López Ureña (miembro de esta agrupación política) y José Jerí, al considerar que representa
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El texto, aprobado sin mayor debate, plantea cambios sustanciales en la estructura de gobernanza de las CMAC, que actualmente administran más de S/32,370 millones en ahorros a nivel nacional. Entre las disposiciones más cuestionadas figura la modificación en el proceso de selección de los representantes de las MYPES en los directorios de estas entidades.
Hasta ahora, dicha selección se realizaba bajo supervisión técnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pero con el nuevo proyecto se trasladaría esta función a la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO). La medida ha generado desconfianza debido a la escasa representatividad de esta organización en el sector y los vínculos conocidos entre el congresista Jerí y CONACO, lo que ha levantado sospechas de posible conflicto de interés.
Expertos financieros, así como dirigentes de Acción Popular, advirtieron que este cambio abre la puerta a intereses políticos en la administración de las cajas municipales, debilitando su independencia y poniendo en riesgo su sostenibilidad a largo plazo.
Durante una actividad partidaria, el dirigente regional de Junín de Acción Popular, Javier Poma, señaló que dicho proyecto de Ilich López “es una propuesta peligrosa que puede desnaturalizar el rol técnico y descentralizado de estas instituciones”.
Por otro lado, un grupo de militantes de Acción Popular convocó a la prensa para denunciar irregularidades en el proceso de elección del Comité Electoral Departamental de Junín. En la conferencia, donde estuvo presente La Razón, los militantes solicitaron la nulidad de la convención que designó a los nueve miembros del comité, por considerar que se vulneraron procedimientos internos del partido.
Como prueba de ello, informaron que remitieron una carta notarial al secretario general nacional, Juan Abad Cabrera, acompañada de un memorial, solicitando que se anule el proceso. También denunciaron presiones indebidas ejercidas por el congresista Ilich López Ureña contra Javier Poma Calderón, entonces secretario general departamental, a quien habría enviado mensajes con tono intimidatorio, exigiéndole que se abstuviera de realizar «publicaciones difamatorias».
La gravedad de los hechos motivó una acción formal ante la Secretaría Nacional de Disciplina del partido. Tras la evaluación correspondiente, el Tribunal Nacional de Disciplina emitió la resolución N.°006-2023, en la que se declaró fundada la expulsión de López Ureña por la falta de “traición agravada”.
Con estos antecedentes, dirigentes de Acción Popular reiteraron su compromiso con la defensa de los principios democráticos tanto dentro del partido como en la función pública. Asimismo, exigieron al Congreso que actúe con responsabilidad y no ponga en riesgo la institucionalidad de las CMAC, las cuales cumplen un rol vital para millones de peruanos emprendedores.
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